El Parlament tumba una moción del PP para controlar el arraigo de inmigrantes

El Parlament ha rechazado una moción del PP que reclamaba al Govern que dé a conocer cada tres meses el número de certificados de vivienda adecuada para la reagrupación familiar y los informes de arraigo de los inmigrantes que emite la Dirección General para la Inmigración de la Generalitat.

Los populares pedían también que se elabore una estadística que muestre qué porcentaje de estas solicitudes de certificados demandadas tienen éxito, ya que temen que el Ejecutivo catalán esté emitiendo estos certificados de “forma sistemática y sin criterio”.
Las mismas fuentes sostienen que en los últimos meses se ha entregado el certificado de arraigo a inmigrantes que no hablaban ni catalán ni castellano, lo que, según sus palabras, demuestra que no ha habido voluntad de integración.

Según los últimos datos hechos públicos por la Conselleria de Bienestar y Familia, desde junio de 2011, cuando entró en vigor la modificación de la Ley de extranjería que traspasa esta competencia a las comunidades autónomas, la Generalitat ha elaborado un total de 19.716 nuevos informes de integración de inmigrantes –12.410 de arraigo y 7.306 de reagrupación familiar–.

En el último pleno del Parlament, en la interpelación que dio lugar a esta moción, el conseller de Bienestar y Familia, Josep Lluís Cleries, cifró en 636 los informes desfavorables, aunque no detalló cuáles fueron los motivos ni si eran evaluaciones para la reagrupación familiar o el arraigo.
El diputado popular Juan Milián ha reclamado “transparencia” al Govern en está labor, y ha celebrado que el Ejecutivo haya consensuado con entidades municipalistas algunos criterios a tener en cuenta a la hora de otorgar los informes de arraigo.

Precisamente, la moción abogaba también por que Generalitat y ayuntamientos unifiquen los criterios utilizados para otorgar los certificados de vivienda adecuada y de arraigo y los equiparen a los que utiliza el Estado.

Además, instaba a la Generalitat a ofrecer apoyo técnico y económico a los ayuntamientos catalanes para que puedan llevar a cabo los trabajos necesarios para poder estudiar con garantías la expedición o no de estos certificados.

El último punto de la moción emplazaba al Ejecutivo catalán a poner en marcha en el plazo de tres meses un plan para que en el proceso de integración de los inmigrantes en Catalunya se ofrezcan también clases de castellano.