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sábado, 8 de septiembre de 2012

El Tribunal Europeo de DDHH admite a trámite una demanda contra Reino Unido de dos terroristas de Al Qaeda

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha admitido a trámite la demanda presentada contra el Gobierno británico por dos procesados por pertenencia a la red terrorista Al Qaeda, alegando que los servicios de Inteligencia británicos fueron cómplices en las torturas a las que ambos fueron sometidos en Pakistán para extraer sus confesiones.
El Gobierno británico está ahora obligado a responder a este alegato, previamente rechazado en los tribunales nacionales, que han presentado Salahudin Amin y Rangzieb Ahmed, este último supuesto eje fundamental de las operaciones de Al Qaeda en Reino Unido y el presunto miembro de mayor rango de la organización terrorista que va a ser juzgado en el país.

Amin fue condenado a cadena perpetua en 2007 por conspirar para atentar contra la macrodiscoteca Ministry of Sound con una bomba casera con base de fertilizante. Según sus abogados, el MI5 británico fue cómplice en la tortura que le practicaron agentes paquistaníes, que arrancaron tres de sus uñas con alicates.

Ahmed, de 37 años, pendiente de juicio, es considerado el enlace de las principales células terroristas que operaban en Reino Unido, entre ellas los responsables de los atentados del 7 de julio en Londres de 2005 que dejaron 52 muertos. También él aduce que el MI5 le permitió abandonar Reino Unido para que fuera detenido y torturado en Pakistán.

El Gobierno británico ha eludido pronunciarse sobre estos acontecimientos, siguiendo su política de “no comentar casos legales en curso”, según un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores al diario británico.

Fuentes jurídicas consultadas por ‘The Independent’ consideran que la intervención del Tribunal de Derechos Humanos en este caso concreto “suponen una nueva tendencia, completamente inaceptable”, según el abogado Lord Carlile, antiguo responsable de las revisiones de condenas por terrorismo del Gobierno, que entiende que el desarrollo del proceso debe quedar en manos de los tribunales británicos.

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