El Tribunal de Cuentas ha emitido un informe en el que revela “deficiencias” y “debilidades” así como falta de control interno y “discrecionalidad” en la concesión de subvenciones a ONG para la atención de inmigrantes y refugiados por parte de la extinta Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración y, en concreto, de su Dirección General de Integración de Inmigrantes (DGII).

Según el texto, estas carencias “impidieron garantizar la adecuación de la gestión de estas subvenciones a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como a los de eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos”.
Estos problemas de control se dejan ver especialmente en la comprobación por parte de la administración de que se han ejecutado las actividades financiadas y que se ha justificado cada euro gastado.
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