El estudio elaborado por la Consejería de Justicia e Interior ‘Opiniones y actitudes de la población andaluza ante la inmigración’ destaca que en provincias como Almería, Córdoba o Sevilla la valoración de la inmigración ha caído en torno a los cincuenta puntos en apenas cinco años.
En el caso concreto de Almería cabe destacar que los principales respuestas negativas en torno a la inmigración están mayoritariamente relacionadas con «los efectos negativos relacionados con el mercado laboral» y con la «inseguridad ciudadana».
Si en Sevilla y Granada son los europeos del Este, y específicamente los rumanos, quienes tienen una «mala prensa» por encima de la media regional, en Almería este papel toca a los magrebíes, tal y como muestra la estadística.
La percepción y actitud ante los flujos migratorios también arroja diferencias notables entre las ocho provincias andaluzas. Así, destaca que hasta un 61% de los encuestados en Almería opina que en Andalucía hay «demasiados» inmigrantes. Un respuesta general que registra diecisiete puntos más que la media regional, y veinte por encima de Málaga, la provincia en la que se registra un valor menor para esta opción -y la segunda provincia con más inmigrantes por detrás, precisamente, de Almería-.
Solo con contrato
Los datos del Opia V demuestran la preferencia de los andaluces por vincular la entrada de nuevos inmigrantes con un contrato de trabajo. En este sentido, un 77% de los almerienses piensa así frente al solo 4% de aquellos que permitirían que lleguen nuevos ciudadanos sin obstáculos. La estadística también muestra que un escaso 14% de los entrevistados en la provincia almeriense estaría dispuesto a regularizar a los inmigrantes que llevan varios años residiendo en Andalucía en situación irregular. De hecho, el 23% de los almerienses «trataría de devolver a estos inmigrantes a sus países de origen».
La estadística sigue la misma consonancia en el apartado de los derechos sociales de los inmigrantes. Y es que solo un 20% de los encuestados en Almería cree que sólo deberían acceder a la sanidad pública los inmigrantes que cotizasen a la Seguridad Social, frente al 10% de la media obtenida en el conjunto de Andalucía.
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