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martes, 11 de junio de 2013

Una pareja de inmigrantes gambianos afronta 14 años de prisión por la ablación de sus hijas


La Fiscalía pide catorce años de prisión para cada uno de los miembros de una pareja de inmigrantes gambianos por extirpar presuntamente el clítoris a sus dos hijas de seis y once años, una acusación que niegan los padres, quienes además alegan ignorar que la ablación femenina sea delito. En la sección novena de la Audiencia de Barcelona se ha celebrado hoy el juicio contra el matrimonio de inmigrantes, Binta S. y Sekou T., a quien la Fiscalía acusa de dos delitos de mutilación genital por haber perpetrado, directamente o por medio de otra persona, la ablación del clítoris a sus dos hijas menores.
Este es uno de los primeros casos de mutilación genital femenina practicada en territorio español que llega a juicio, ya que, según ha reconocido hoy un experto de la Generalitat que ha declarado como testigo, no hay constancia de que ese tipo de intervenciones se lleven a cabo en el país, dado que lo habitual es que los padres aprovechen las vacaciones en sus países de origen para extirpar el clítoris a sus hijas.
El fiscal deduce que las hijas de los acusados, residentes en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), sufrieron la ablación en territorio español porque no consta que abandonaran el país entre el 5 de julio de 2010, cuando la última revisión ginecológica comprobó que las niñas tenían el clítoris intacto, y el 20 de enero de 2011, fecha en que los médicos detectaron la ablación en ambas menores. La pareja ha negado cualquier relación con la mutilación genital y ha asegurado que desconocía que las niñas habían sufrido una ablación, una práctica que -han alegado- desconocían que es delictiva en España, pese a que el padre lleva 22 años viviendo en España y la madre cerca de quince.
Niegan los hechos
La mutilación de sus hijas fue descubierta gracias a los protocolos que la Generalitat tiene aprobados desde el año 2001 para la prevención de esa práctica, lo que incluye revisiones ginecológicas periódicas de las niñas cuyos padres pertenecen a las etnias africanas de riesgo. Sin embargo, ambos padres han explicado que, pese a la existencia de esos protocolos, ningún responsable del ámbito educativo, social o médico implicados en los mismos les informó nunca de que la ablación constituye delito en España.
“Yo soy hombre y no sé nada de esas cosas”, ha afirmado el padre de las menores, que se ha mostrado contrario a la práctica de la mutilación femenina y dispuesto a facilitar la reconstrucción del clítoris a sus hijas, para lo que incluso, una vez encausados, los acusados han visitado a un cirujano experto. En la misma línea, se ha desvinculado de la mutilación de sus hijas la madre de las menores, una mujer analfabeta originaria de un pequeño poblado de Gambia que, asegura, ni siquiera sabe si tiene la ablación practicada.
“Si me la hicieron de niña, yo no me acuerdo”, ha afirmado la acusada, cuyos únicos estudios son unos versículos del Corán que memorizó de niña para poder rezar y que durante su estancia en España ha trabajado solo durante un año como limpiadora. De hecho, las facultativas que practicaron la primera revisión genital a las menores han destacado la resistencia que ofrecían a la exploración tanto ellas como su madre, quien, ha señalado la ginecóloga, “parecía no entender por qué estábamos allí”.
Los procesados afirman desconocer quién pudo haber extirpado el clítoris a sus dos hijas, pero han apuntado que entre los años 2007 y 2009 las menores estuvieron residiendo con unos familiares de Gambia, mientras sus padres seguían trabajando en España. Ese argumento, sin embargo, se ha topado de bruces con los informes médicos y periciales, que sitúan la intervención genital en el segundo semestre del año 2010.

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